Una de las características del Estado Moderno es la utilización de la violencia de forma exclusiva por el Estado. De esta forma nos garantizamos el no tener que usar el «ojo por ojo y diente por diente». Pero, ¿qué ocurre cuando esa violencia se utiliza, no para proteger al ciudadano sino, para intimidar, humillar, violentar, abusar, desproteger y dejar sin servicios públicos a ese mismo ciudadano? ¿Qué ocurre cuándo políticos ineptos, mal preparados, mal aconsejados, malintencionados, controlados por grupos de presión, utilizan los impuestos para ir contra los ciudadanos que los pagan? ¿Es legítimo, entonces, volver a recobrar la propiedad de la violencia y usarla en contra de estos políticos corruptos? La violencia moderna se recubre de Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente. También adopta la forma de «opinólogos» en cadenas de TV o Radio al servicio de los capataces que el poder económico impone a las naciones (no olvidemos que este conflicto nace por el ahorro de 80 millones que suponen un 0.000001779% del presupuesto educativo en la Comunidad de Madrid, es claramente un atentado de la Presidenta Aguirre a la educación pública).
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